Aunque mas adelante abordaremos específicamente los Derechos Humanos en relación con inmigración y mujer, debemos saber que:

En la Declaración de Derechos Humanos está recogido el derecho de toda persona a inmigrar, a saber a salir del país y a establecer en otro. Pero tal artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se supedita a las legislaciones sobre extranjería de cada país.

La Constitución Española dispone que los extranjeros gocen de los mismos derechos (excepto los derechos políticos) que las ciudadanas y ciudadanos españoles. Este artículo está en clara contradicción con los términos establecidos en la Ley de Extranjería que mantiene un tratamiento diferenciado entre españoles y extranjeros, especialmente en cuanto a la libertad de circulación, de reunión y de residencia.

Existen ciertos derechos que son inviolables por el hecho de ser personas, como el derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad que, sin embargo, difícilmente pueden ser garantizados cuando se encuentran en un margen de invisibilidad social.

Incluso aquellas personas extranjeras que se encuentran en una situación regular no gozan de igualdad en el plano político. Es decir que no tienen la posibilidad de elegir y de ser elegido en las elecciones locales, autonómicas o generales.

Los derechos políticos y de ciudadanía son imprescindibles para participar plenamente en la sociedad de acogida. En defensa de los Derechos Humanos y de ciudadanía de las personas inmigrantes, están constituyéndose organizaciones y Plataformas que revindican la dignificación del hecho migratorio, el reconocimiento de la contribución de las personas inmigrantes al bienestar común del país y su consideración como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos fundamentales civiles, sociales y culturales.