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Discriminación
legal
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Las
deficiencias legales basadas en una percepción masculina
de las migraciones o, simplemente, el desconocimiento real
de las circunstancias ligadas a la emigración femenina
hacen que, en muchos casos, a las mujeres que emigran les
resulte prácticamente imposible conseguir un permiso
de residencia. Esto les confina en una situación
de irregularidad que les hace más vulnerables
al acoso o a la violencia ya que, por temor a ser expulsadas,
no denuncian estas situaciones.
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La
Ley de extranjería que recoge el derecho a la
reagrupación familiar es así mismo el
paradigma de la vulneración de los derechos de
las mujeres inmigrantes.
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El
permiso de residencia les está concedido en tanto
que esposas de un inmigrante regularizado en España.
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El
permiso de residencia no supone el permiso de trabajo.
Y su renovación quedará supeditada a la
permanencia legal de la mujer con su marido.
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En
caso de separación, por motivos de malos tratos
por ejemplo, al no disponer de permiso de trabajo ni
poder justificar ingresos suficientes, podría
ser expulsada.
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La
intervención de la Administración va más
lejos aun, al no reconocer los derechos de la mujer
inmigrante que decidiera separarse de su marido y optara
por una relación de pareja de hecho o por una
relación homosexual.
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Esa
acción coercitiva por parte de la Administración
de Justicia que liga los derechos de circulación,
residencia y trabajo de las mujeres a su libertad individual
y emocional, las coloca en una situación de desamparo
que supone una clara vulneración de sus derechos
fundamentales: la legislación basada en características
circunstanciales -el estatus de la persona casada-, no en
los derechos individuales de la mujer.
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 TEXTOS
COMPLEMENTARIOS
Centro
de Justicia para Mujeres. Especial Ayuda para Mujeres Inmigrantes
Mujer, inmigración y malos tratos. Por Sofía
Bernardo Ródenas. Abogada y miembro de SOS Racismo
Aragón
La
problemática específica de las mujeres inmigrantes
en procesos de violencia familiar de género.
Por Elena Gascón y Jorge Gracia
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