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El español y las lenguas indígenas hoy

Por Guillermina Herrera Peña






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* Guillermina Herrera Peña es Rectora, Universidad Rafael Landívar - Guatemala



En esta ocasión, más que dedicarme al estudio comparativo sobre las estructuras de las lenguas amerindias y el español, en un contexto de lenguas en contacto, quisiera adentrarme en el tema candente y sumamente actual de la política y planificación lingüísticas que está en el centro de las discusiones políticas y sociales de gran número de países americanos con poblaciones indígenas, y que se refiere al papel del español y el de las lenguas amerindias en los contextos multilingües y multiculturales en estos tiempos de enorme desarrollo de las comunicaciones y de los grandes acuerdos internacionales.

Contamos hoy en día con una rica cantera de estudios de las lenguas amerindias, con informaciones empíricas, observaciones sociolingüísticas, análisis del contexto social, propuestas de política y planificación lingüística que pintan el cuadro comprehensivo de la ecología lingüística americana, el multilingüismo y multiculturalismo y la planificación lingüística. Podemos con relativa facilidad obtener información detallada sobre el mosaico vasto, enormemente rico y sumamente frágil y dramático de las lenguas amerindias ingresando al siglo XXI, así como al papel que desempeña el español en esta realidad, si bien nueva, totalmente predecible desde hace mucho tiempo.

La diversidad lingüística constituye no solamente una amplia gama de sentidos y visiones con que se interpreta el mundo, sino puede ser entendida como una pluralidad de grupos humanos que interactúan en distintos espacios sociales. Desde la constitución de los estados nacionales latinoamericanos se concibieron imaginarios de sociedades monolingües y monoculturales a través del español como única posibilidad lingüística de los diversos proyectos civilizatorios impulsados en todos los países latinoamericanos y cuyo paradigma último era emular a las naciones europeas letradas. Se estableció el papel hegemónico del español, como medio de sistematizar la cultura y con ella, la educación, los espacios públicos reconocidos y las comunicaciones formales. Una de las consecuencias de estos proyectos civilizatorios fue crear dicotomías y se remarcó con fuerza la diferencia "nosotros-ellos". De esta forma los Estados asumieron su principal rol paternalista de crear e impulsar los proyectos de desarrollo desde su particular punto de vista. El eje idiomático de este paradigma europeo fue el crear sociedades modernas y desarrolladas desde el idioma español. Al gran universo lingüístico de los pueblos originarios del continente, se le colocó en una posición de subalternidad, marginada de los procesos modernos de desarrollo; se aisló a los hablantes de lenguas amerindias en ámbitos de comunicación doméstica o informal, con el estigma de no ser vehículos apropiados para salir de las típicas condiciones de extrema pobreza. Se entendió que para lograr el progreso de los países latinoamericanos era necesario privilegiar el uso del español con el consecuente desprestigio del resto de las lenguas. Pero esta concepción establecida desde los grupos que ostentaban el poder socioeconómico no consiguió permear todas las relaciones culturales de la vida cotidiana, la diversidad lingüística se mantuvo no obstante los esfuerzos realizados por los grupos dominantes. Ciertamente se inició el proceso trágico de pérdida y extinción de los idiomas amerindios que contribuyó de manera inimaginable a la confusión identitaria que ha caracterizado a los países latinoamericanos en los pasados dos siglos.

La lengua es uno de los rasgos básicos de la identidad de todo ser humano. Cuando las lenguas se desprestigian, lo hacen a la vez los portadores humanos de las mismas. Se les reclasifica en sociedades no equitativas o desiguales en las relaciones de sus miembros.

Con la entrada en vigencia de las primeras Constituciones Políticas, se establecen los hechos fundacionales que van perfilando las pretendidas identidades nacionales como unificadas, sin incluir las características propias de la diversidad lingüística y cultural de nuestros países. De esta manera, desde mediados del siglo XIX y hasta nuestros días, se definen las relaciones entre el español y las lenguas indígenas, que solemos abordar en los estudios lingüísticos como lenguas en contacto pero que también podríamos considerar como lenguas en conflicto. Es en la conflictividad lingüística que surge la necesidad de una adecuada política y planificación lingüística que medie entre las diferencias de los hablantes de diversas lenguas y que establezca cuál es el camino que debe seguirse para que los derechos lingüísticos de todos los latinoamericanos sean respetados.

La legislación aplicada al español y las lenguas indígenas en Hispanoamérica pone en evidencia los enfoques de los distintos contextos políticos e intereses de Estado. En un principio, las Constituciones reconocen la existencia de grupos lingüísticos indígenas como patrimonios nacionales y no como derechos lingüísticos de la humanidad. A pesar del arraigo de este tipo de concepciones, se van dando reacciones de los pueblos indígenas que van a exigir el cumplimiento de sus derechos lingüísticos y la legalización de los mismos. Según la tipología de la legislación del lenguaje presentada por Joseph Turi (1994, en Cu, 2001), comentaré cuatro tipos de legislación que atañen a las de los países hispanoamericanos.

En la legislación oficial de la lengua, la lengua oficial se establece a través de la ley fundamental, se permite su uso en los ámbitos administrativos y judiciales del estado y se define el espacio geográfico en donde tiene vigencia su oficialidad. Es el caso del tipo que se presenta en las Constituciones de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. No obstante, aunque en estos países se cumple con las dos características de oficialidad y territorialidad, no se describe de manera precisa el uso en la administración del estado. Se percibe en los artículos de esas constituciones un anhelo de igualdad que no se lleva a la realidad.

En la mayoría de Constituciones vamos a encontrar que todos los hablantes son iguales ante la ley, con lo cual se incurre en una sobreinclusión, es decir que se trata como iguales a quienes en realidad no lo son. Este tratamiento viene a contribuir a la invisibilización de las diferencias y a la discriminación implícita de los hablantes de lenguas minoritarias.

Por otro lado, tenemos la legislación institucionalizada de la lengua que se establece a través de leyes orgánicas. En Guatemala, el 7 de mayo de 2003, se emitió el decreto 19-2003, "Ley de idiomas nacionales", en el cual sí se establecen los ámbitos de uso en los cuales es necesaria la promoción de los idiomas de los distintos territorios, que es lo que distingue a este tipo de legislación. En ninguna otra de las legislaciones de lenguas de Hispanoamérica encontramos este tipo de especificaciones. Esta ley constituye un avance significativo en materia de Política Lingüística para Guatemala, sin embargo aún no se ha aprobado el reglamento correspondiente a la ley por lo que tampoco se ha llevado a la práctica lo establecido en la misma.

La legislación condicionante de la lengua, no pertenece a la tipología de Tury, pero es una forma que se encuentra en algunas de las Constituciones hispanoamericanas y consiste en darle un reconocimiento oficial a la lengua o lenguas mientras cumplen algunas funciones estratégicas sin que de ninguna manera se afecte o desestabilice el estatus del español como lengua oficializada e institucionalizada por el Estado. Los criterios que presenta son: el reconocimiento legal de la lengua, la definición de su uso en los centros educativos en zonas indígenas, la restricción de uso en las regiones de los indígenas, la promoción de programas de rescate y mantenimiento con fines integradores. Es el caso de las legislaciones de la Argentina, Costa Rica, y Venezuela. El sentido integrador debe comprenderse cuidadosamente desde dos enfoques: por las consecuencias de posterior pérdida de las lenguas indígenas y por el impulso que da a la incorporación de los indígenas a la vida nacional, es decir procesos de desindigenización lingüística y cultural. Ambas formas implican la intención de consolidar estados monolingües, monoculturales y monoidentitarios.

La legislación liberal de la lengua se caracteriza por reconocer la existencia de las lenguas indígenas dentro del Estado, la libertad individual de su uso con excepción del ámbito de la administración pública y la designación de espacios geográficos como territorios de las comunidades lingüísticas sin restricciones de uso fuera de ellos. Es el tipo de legislación expresada en las constituciones y leyes de Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala (antes de la emisión del decreto de 2003), Honduras, México y Panamá. Esta libertad lingüística se ve mermada por la falta de recursos humanos y materiales de los pueblos indígenas y porque es posible practicarla siempre y cuando no afecte a los intereses del Estado. Generalmente, no va a ser el Estado el que impulse la promoción del uso de las lenguas sino deben hacerlo los propios hablantes, quienes no practican, por lo general, la costumbre de escribir en sus idiomas y de usarlos en ámbitos públicos.

Aún y cuando las legislaciones presenten en mayor o menor grado un reconocimiento y una valoración de las lenguas vernáculas, la realidad manifiesta una serie de problemas sociales, culturales y económicos que no permiten un verdadero respeto por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas minorizados por lo que, generalmente, las estructuras sociales y sus jerarquías se van a mantener tal y como fueron establecidas desde la época colonial y la formación de los estados independientes. En estos tiempos en los que se ha avanzado paulatinamente en la reconciliación de la diversidad, al menos en los niveles simbólico y discursivo, en los que las relaciones de conflicto lingüístico se ven abordadas en las políticas de los Estados, la contradicción surge con el conocimiento de que la gran mayoría de lenguas amerindias se encuentran en situaciones límite de extinción.

Cabe cuestionarse si es a través de las políticas que podrá lograrse una transformación sociolingüística dignificante, puesto que como hemos sugerido, hasta ahora su función ha sido la de fortalecer mecanismos de dominación, marginación y explotación de los hablantes indígenas. La experiencia nos ha mostrado que los cambios significativos, ya sean para bien o para mal, se logran desde las propias comunidades de hablantes.

Uno de los ámbitos en los que se ha promovido el uso de los idiomas indígenas en la mayoría de países de este continente, ha sido el educativo. Principalmente a través de los programas de educación bilingüe intercultural y otros análogos, se han impulsado procesos positivos de interculturalización. No está demás mencionar que es en Hispanoamérica en donde se hacen mayores esfuerzos para promover la interculturalidad y que este es un proceso ajeno a países del primer mundo, con pocas excepciones. Es importante continuar por esta vía de transformación que supera el campo de la lingüística porque conlleva mejores relaciones interétnicas en otros aspectos de la vida privada y que sería deseable alcanzaran los ámbitos públicos.

El español sigue siendo la lengua de uso predominante en los espacios públicos, formales y oficiales y también ha tomado el rol de lengua franca, no sólo entre los ciudadanos de los distintos países del continente, sino también entre las comunidades lingüísticas distintas que conviven en cada uno de los países. Nuevamente la educación toma un papel importantísimo por la urgencia de desarrollar programas más efectivos de formación lingüística en español.. En este sentido me enfoco en la situación general de Hispanoamérica, ya no en sus problemáticas lingüísticas al interior de cada país, sino hacia las corrientes extranjerizantes. Al alcanzar todos los hispanoamericanos un dominio completo del español se logrará la consolidación de las relaciones sociales entre nuestros países y se podrá comprender con mayor profundidad otros fenómenos mundiales que vienen a afectar nuestra particular situación lingüística y especialmente nuestros valores culturales identificadores como grupos culturales más amplios, en este caso a nivel hemisférico.

Un ejemplo interesante del efecto cohesivo del idioma español para todos nosotros, es la reacción de los migrantes hispanos en los Estados Unidos, quienes no importando su procedencia específica, se identifican como grupo social cuyo rasgo identificador viene a ser el español. Ciertamente, en ese contexto se dan también fenómenos lingüísticos de cohesión social más circunscritos a lenguas originarias particulares, como es el caso de la comunidad de hablantes Maya Q’anjob’ales en California.

Este ejemplo trae a colación uno de los temas de más actualidad en nuestros países, que es el de la constante migración de hispanoamericanos a los Estados Unidos de América, a España y a otros países. Estas migraciones se producen debido a las precarias situaciones económicas, de inseguridad y de inestabilidad política a las que la población se enfrenta en la actualidad, pero también a que las personas idealizan los modelos de vida extranjeros que reciben por los medios masivos de comunicación que penetran en cada uno de los hogares, sean indígenas o no. Las reflexiones y los estudios desde el punto de vista lingüístico que se pueden hacer sobre este aspecto son innumerables, pero solamente diré que este tipo de influencias extranjeras contribuyen a acelerar los procesos de pérdida de los idiomas indígenas y, por qué no decirlo, del español estándar internacional que permite las comunicaciones que se dan en el mundo hispanohablante. Hemos observado cómo las variantes dialectales del español de cada una de las comunidades presentan fenómenos lingüísticos por el influjo del inglés y ya no solamente por los fenómenos de contacto con las lenguas particulares de cada lugar.

Así también la gran avalancha globalizante con finalidades de homogeneidad en todos los órdenes de la vida, debe ser considerada en el tema de la situación lingüística actual. Es importante notar cómo este fenómeno imparable viene a afectar a cualquier tipo de planificación lingüística que hayamos emprendido. Uno de los principios más utilizados para este tipo de planificaciones es el de la territorialidad. Este ha implicado el reconocimiento legal del idioma que puede utilizarse en determinadas áreas geográficas. Actualmente, con la invasión masiva de los medios de comunicación satelitales, el sentido de territorialidad física viene a perder vigencia, dada la incursión de fuentes de la red global que han impactado en la desterritorialización que permite la intromisión de otros idiomas y valores en niveles íntimos de la vida de las personas. Esta intervención globalizante, lejos de fortalecer las identidades personales, genera cambios actitudinales hacia lo propio y lo que nos constituye y distingue de otros grupos culturales, especialmente en la población joven que es la más susceptible.

La estabilidad humana es poco predecible en nuestros tiempos por los altos índices de movilidad generados tanto por problemáticas económicas como por las guerras internas. Un ejemplo claro sucedido en Guatemala, es el exilio masivo de grupos étnicos indígenas hacia los campos de refugiados en México. En su éxodo, se unieron grupos de hablantes de hasta diez idiomas diferentes y aprendieron a comunicarse en el idioma español como lengua franca para presentar sus demandas y exigir sus derechos comunes. Imaginen la complejidad de una planificación lingüística y educativa en estos ámbitos multilingües.

El reto para el siglo XXI, será trazar nuevos caminos de planificación lingüística capaces de atravesar las jerarquías lingüísticas históricas porque ya no se trata de planificar en función de las lenguas nacionales sino habrá que considerar legislaciones específicas sobre el uso de idiomas internacionales. Desde los ámbitos de lenguas minoritarias, los cuales es necesario continuar fortaleciendo, hacia la esfera pública que se plantea desde el español en Hispanoamérica, como lengua predominante; para que las lenguas propias de este fenómeno, especialmente el inglés, tomen el papel instrumental que les corresponde y la lealtad lingüística y cultural no se vean amenazadas.

La fuerte tendencia globalizante es tema actual por estudiosos de diversas disciplinas. De la reflexión que ha suscitado, también ha surgido el interés mundial por la situación de los pueblos indígenas del mundo y se han podido alcanzar acuerdos internacionales que de alguna manera amparan los derechos de los pueblos del mundo y sus particularidades lingüísticas y culturales. Las futuras generaciones podrán constatar que influencia real en la vida de las personas pudieron ejercen los acuerdos, declaraciones y otros instrumentos internacionales suscritos en las décadas recientes, con la cautela de que estas propuestas emanan de organismos establecidos en el primer mundo y desde su visión rectora. De cualquier manera constituyen mecanismos importantes de naturaleza humanista para el mundo actual.

BIBLIOGRAFIA Cu Cab, C. H. (2001). Las políticas lingüísticas en América Latina. Tesis inédita. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México.

Fuente: lista interculturalidad/
http://www.congresodelalengua3.ar/ponencias/Guillermina_Herrera_Pena.zip






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